Salud + economía = saneamiento

En medio de la pandemia de COVID19, en el corto plazo surge el dilema: priorizar la salud o la economía. Estas situaciones críticas ya fueron enfrentadas por gobernantes en epidemias pasadas, y en particular por el Presidente Sarmiento (1868-1874), a quien le tocó bregar con dos de ellas durante su mandato. En 1867-68 el cólera ocasionó en la ciudad de Buenos Aires un total de 1.653 defunciones, en una población de 180.000 habitantes (equivalente hoy día a 133.000 muertes en el área metropolitana de Buenos Aires). Pero lo peor estaba por venir: a comienzos de 1871 se inició un brote violento de fiebre amarilla, que diezmó a familias enteras e impidió el desarrollo normal de las actividades. Fueron clausuradas las escuelas, oficinas públicas, iglesias, comercios, fábricas y mataderos, etc y el gobierno nacional se asiló en Mercedes, a 100 km de la Capital. Llegaron a producirse en un solo día, 545 decesos y murieron durante la totalidad de la epidemia alrededor de 14.000 personas (el 8% de la población urbana, equivalente hoy en día a 1.160.000 defunciones en el AMBA).

Sarmiento, una vez pasada  la pesadilla y  con su brillante mente de estadista más serena, decidió enfrentar para el mediano y largo plazo el problema de las epidemias en Buenos Aires. No dudó en enfrentarse con su característica intensidad con su coterráneo Dr. Guillermo Rawson, brillante médico y en ese momento legislador en el Congreso, que le exigía el dinero necesario para construir seis hospitales para tratar víctimas de futuras epidemias. Sarmiento contestó que no desperdiciaría dinero en hospitales, si no que evitaría que la población debiera acudir a ellos. En ese momento en que recién Pasteur estaba evidenciando el factor causante de las enfermedades infecciosas, y faltaban varios años aun  para que se identificara al vibrión del cólera como el agente que transmitía la enfermedad por el agua y los alimentos contaminados, y que el virus de la fiebre amarilla era transmitido por el mosquito Aedes Aegypti que se multiplicaba en los charcos de aguas cloacales y pluviales estancadas en las calles, Sarmiento fue clarividente. Aplicando los más modernos métodos científicos y tecnológicos disponibles en ese momento en el mundo tanto en educación como en salud pública, comprendió que resolver el problema de las epidemias y a la vez evitar la interrupción de la vida económica que ellas producían dependía esencialmente de proveer agua segura a la población y evacuar las aguas cloacales y pluviales en una forma ambientalmente apta.

Contrató al Ing. Bateman, profesional inglés que diseñó los sistemas de provisión de agua más importantes de Gran Bretaña, en ese momento el país más desarrollado en el tema, para diseñar y dirigir la construcción de un sistema de agua segura basada en la decantación y filtración del agua del Rio de la Plata, y el sistema de desagües domésticos y pluviales muchos kilómetros aguas abajo de la toma de agua. Buenos Aires pasó a contar con un sistema de agua decantada y filtrada, varios años antes que la mayoría de las ciudades norteamericanas. La población con abastecimiento domiciliario de agua pasó de un 27% en 1891 a un 61% en 1900, a un 72,5% en 1905 y prácticamente a la totalidad de la población urbana en 1915, al mismo ritmo que las principales ciudades de los países más desarrollados.

También concientizó a la población que la inversión que debía soportar, a través de tarifas o impuestos, valía la pena para evitar los dolores humanos y pérdidas económicas que las epidemias habían producido. Esta mística de adecuadas inversiones para la salud, concretadas y operadas por profesionales idóneos y honestos, y la continuidad de un plan sistemático de obras llevó a la Argentina a estar a la cabeza del saneamiento en América Latina, hasta finales de la década de 1940.

Luego, por una visión cortoplacista se mantuvieron tarifas de los servicios sanitarios artificialmente bajas, no se priorizó en el presupuesto nacional las obras básicas imprescindibles para la salud pública, se dejó deteriorar el medio ambiente no cubriendo en forma coordinada las áreas de expansión de agua con los correspondientes sistemas de cloacas, políticamente menos atractivos que aquellos y económicamente más onerosos,  se impulsó la politización de los cargos directivos de las empresas y de los organismos públicos encargados de regularlas y controlarlas, privilegiando obediencia sobre capacidad , y en definitiva se permitió el deterioro de un servicio esencial para la salud pública. Eso se manifestó en la baja de la calidad del servicio en general y la imposibilidad de volver a brindar agua segura por red y cloacas con tratamiento a todos los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires, a la vez que se dejaba a los servicios provinciales, municipales y privados librados a su suerte. En los últimos 70 años se permitió el crecimiento desordenado de las periferias urbanas, en particular en el área metropolitana de Buenos Aires, sin brindarles ese esencial servicio para la salud pública, y  hoy en día todavía hay allí millones de personas que no cuentan con agua potable por red y cloacas con tratamiento.

Esta política de una ceguera pasmosa en lo relativo a salud pública, tanto por la inseguridad sanitaria del agua como por el deterioro ambiental, también contradice la racionalidad económica. En efecto, un profundo y serio estudio del año 2004,  permitió constatar con datos fidedignos:”…. que el agua potable  y desagües seguros son responsables de casi la mitad de la reducción total de la mortalidad en las principales ciudades de los Estados Unidos de América, tres cuartas partes de la reducción de la mortalidad infantil y casi dos tercios de la reducción de la mortalidad infantil.  Cálculos suficientemente aproximados sugieren que la tasa social de retorno de estas tecnologías fue mayor que 23 a 1, con un beneficio por año-vida por el agua potable que es mayor a 500 dólares…..”. Estas conclusiones no las determinaron ni médicos en salud pública ni ingenieros sanitarios, sino los economistas Cutler and Miller, de la Universidad de Harvard y de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de USA, que analizaron el impacto de los servicios sanitarios con una fría objetividad económica. Dichos valores son absolutamente extrapolables a la situación actual de nuestras ciudades.

Y lo que nuestro país perdió en ese periodo sus vecinos Chile y Uruguay lo lograron, ya que cuentan con coberturas de agua y cloacas casi universales. Esto demuestra que, con una adecuada planificación, priorización de las inversiones y  ejecución en forma eficiente y transparente, aun en economías de países emergentes ese objetivo esencial para la salud pública es alcanzable.

Hasta 2015, nueve municipios del segundo cordón del Gran Buenos Aires estaban servidos por la empresa ABSA de la PBA, separados totalmente del sistema de AySA y prácticamente sin inversiones. De esa forma era casi imposible que la mayor parte de la población en esa zona tuviera agua segura y cloacas con tratamiento. Por convenio entre el gobierno de la PBA y nacional, el primero cedió al segundo la responsabilidad de servir a la población, y así se integraron al sistema de AySA entre 2016 y 2018. Se debe incorporar 4 millones de personas a las redes de agua y 7 millones a las de cloacas, con las obras maestras correspondientes. Para lograrlo es necesaria una inversión de aproximadamente 13.000 millones de dólares, o sea 1300 millones por 10 años hasta 2030. Para tener una idea de la magnitud del esfuerzo necesario conviene hacer una síntesis de  las inversiones realizadas en esa área en agua y cloacas, en los últimos 40 años.